La Ley obliga a todas las entidades estatales a publicar sus procesos contractuales en el SECOP por lo tanto, si se llega a realizar un proceso de contratación durante la vigencia de la ley, se podría incurrir en una falta disciplinaria que le corresponde investigar a la Procuraduría y a la Personería.
Adicionalmente, al involucrar recursos públicos, hay una responsabilidad fiscal que le compete a la Contraloría, con esto se incurre en el delito de indebida celebración de contratos. Ahora, desde el punto de vista del contratista o prestador de servicios, se podría constituir una nulidad absoluta del contrato.
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